La competencia en el área de la investigación de la trata reside en el Cuerpo Nacional de Policía. Concretamente,a las Unidades Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF). A la UCRIF Central (Comisaría General de Extranjería y Fronteras) le corresponde:
- la investigación de las actividades delictivas, de ámbitos nacional y transnacional, relacionadas con el tráfico de personas, la inmigración ilegal y las falsedades documentales en esta materia,
- la coordinación operativa y apoyo técnico de las respectivas unidades territoriales, funcionando como Oficina Central Nacional a este respecto.
Con esta responsabilidad entre las manos se hace imprescindible que exista la máxima coordinación entre las unidades investigadoras (UCRIFs provinciales y Grupos Operativos de Extranjeros) que operan tanto a nivel local, como provincial y nacional, recordando que se enfrentan a verdadera delincuencia organizada, con ramificaciones internacionales, en los que el enfoque ha de ser siempre amplio, y el intercambio de información, la guía de las acciones operativas.
La inteligencia debe fluir igualmente en la esfera de la cooperación internacional y, en este ámbito, desempeñan un rol capital los Oficiales de Enlace y los Agregados de Interior españoles destacados en países de origen y de tránsito de las rutas utilizadas por las redes criminales. Igualmente, la colaboración de los Enlaces extranjeros, tanto de los acreditados en España, como la mantenida con los ILO (Immigration Liaison Officers) destacados en los países de especial interés (como los de la Red de Enlaces de Africa Occidental) ya está siendo potenciada a la vista de un enfoque preventivo, y no sólo reactivo, de la lucha contra las organizaciones de trata y de tráfico.
La formación es otro de los apoyos esenciales de la estrategia del CNP en la lucha contra la trata, y es la razón por la que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras organiza cada año varios cursos de especialización para funcionarios que necesiten profundizar en las nuevas tendencias y técnicas de investigación. Esta motivación mueve a la CGEyF a organizar numerosos encuentros formativos para mandos intermedios de las fuerzas policiales de los países de origen y tránsito de inmigración irregular, con el fin de reforzar su capacidad operativa.
Como puede inferirse por todo lo expuesto, el conocimiento de este tipo de peculiaridades étnicas y culturales por parte del policía es imprescindible para afrontar con eficacia la investigación. Sin embargo para llegar a la excelencia en la actuación policial no debe olvidarse que es preciso concienciar a los investigadores de la necesidad de mostrar sensibilidad hacia la víctima, evitando criminalizarla.
Desde que la víctima es identificada como tal (no olvidemos que hay víctimas reconvertidas en explotadoras) el policía debe generar un entorno de confianza y apoyo, en el que se de prioridad a la asistencia urgente (médica, psicológica) que precise. Si existe la posibilidad de ofrecerle como interlocutora a una funcionaria, será factor clave que fundamentará en muchas ocasiones el atestado policial y la posterior actuación procesal contra los responsables de la red.
Pese a que en España todavía no se ha implementado un Sistema de Referencia (Derivación) Nacional tal y como ha sido recomendado por diversos organismos internacionales[1], y promovido por la OSCE[2] (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y la OIM (Organización Internacional de las Migraciones), cada UCRIF potencia ya las relaciones de colaboración con ONGs[3] y organismos especializados en la asistencia y protección de las prostitutas, que les aportan apoyo jurídico, médico, y de integración social y laboral. La obligación policial principal hacia la víctima es garantizar la sostenibilidad de su protección, sorteando limitaciones competenciales y presupuestarias.
Pese a las posibilidades que la ley brinda para localizar y proteger a las víctimas-testigos[4] la realidad es que en muchas ocasiones es la propia Unidad policial que interviene la que se responsabiliza no sólo de la seguridad de la víctima, sino además de su bienestar, para lo cual hasta ahora no contaban con medios económicos ni personales suficientes ni aptos, ya que rebasaban su competencia.
Si la captación y mantenimiento de su colaboración en la investigación y durante el proceso son esenciales, no lo es menos asesorarla con algunas instrucciones de autoprotección, como que sea discreta sobre su situación incluso en las conversaciones telefónicas que mantenga con su familia, y que evite frecuentar lugares en los que pueda contactar por otras personas de su etnia residentes en España. Por último, aunque algunas ONGs mantienen en estricto (y prudente) secreto el lugar donde refugian a las víctimas, los investigadores de la Policía les ofrecen la posibilidad de contactar con alguno de los funcionarios del CNP en cualquier momento si se viera en peligro o quisiera suministrarnos alguna información complementaria a la que se le haya recogido en declaración.
Hemos mencionado como valor esencial en el proceso la protección de la víctima. Esto implica que se puede recurrir a la práctica de la prueba preconstituída en los casos en que sea incompatible asegurar su bienestar con su declaración durante el juicio oral; así pues, si la víctima prefiere salir del país, incapaz de vencer el miedo a las represalias de sus antiguos explotadores, podrá formalizarse su declaración de forma que se asegure su valor como prueba con su lectura en la fase oral tras verificarse las formalidades procesales para ello. En otros casos, cuando la víctima esté refugiada en España pero en otro punto geográfico distinto al de la celebración del juicio, cabe recurrir a la videoconferencia, sistema ya disponible en todas las Jefaturas Superiores de Policía, y de uso cada vez más frecuente.
[1] Entre ellos el Consejo de Europa, en su Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, de 16 de mayo de 2005.
[2] Plan de Acción de la OSCE contra la trata de personas (Decisión 557/Rev.1, de 7 de julio de 2005).
[3] Algunas de las ONGs españolas más eficaces en esta labor son Proyecto Esperanza (religiosas Adoratrices), APRAP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), Cáritas, y Villa Teresita. Todas prestan diversos servicios de asistencia a la prostituta como asesoría jurídica, médica, psicológica y social, pisos de acogida, inserción laboral, talleres ocupacionales y formación.
[4] Ley Orgánica 19/1994 de Protección a Testigos y Peritos en causas criminales, y Artículo 59 sobre colaboración contra redes organizadas, en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero, modificada por la LO 8/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
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